En nuestro país existe una distribución del poder político y administrativo entre el Estado y las Comunidades Autónomas que exige que éstas participen del funcionamiento de la Unión junto con los representantes del estado español. 

Además, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Española y en los distintos Estatutos de Autonomía, la  ejecución de la normativa europea (desarrollo normativo y ejecución administrativa) le corresponde al titular de la competencia, de modo que las CCAA son las garantes de la ejecución correcta del derecho de la Unión que concierna a sus ámbitos competenciales con la intensidad que determinen sus respectivos Estatutos. Las relaciones institucionales entre los entes territoriales españoles en el cumplimiento y ejecución del derecho de la Unión se apoyan en los principios de autonomía institucional, de no alteración competencial y de cooperación leal.

En España, desde la década de los 90, empezaron a ponerse en marcha instrumentos de cooperación entre el Estado y las CCCAA con objeto de articular su participación en los asuntos europeos que les afectaran. El punto de partida fue la creación de la Conferencia de Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE), actualmente Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), que celebró su primera reunión en 1989. Esta Conferencia está formada por el Ministro competente de Administraciones públicas, un Consejero de cada Comunidad Autónoma, un miembro del Consejo de Gobierno de Ceuta y de Melilla y los secretarios de estado para la UE y para las Administraciones Territoriales.

En el seno de esta Conferencia se han venido definiendo las fórmulas de participación en los procedimientos internos para el cumplimiento de las obligaciones ante las instituciones comunitarias.

Por último, las regiones han constituido organizaciones o redes de defensa de sus intereses ante la Unión Europea mediante la creación de una suerte de lobbys regionales que acompañan la implementación de las políticas de la Unión a fin de garantizar que en ellas se recogen los intereses de las regiones integrantes de dichas redes.